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Desde El Rincón Jurídico de José R. Chaves, se nos informa que el reciente auto de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal supremo de 11 de febrero de 2019 (Rec. 5229/2018) anuncia que el Supremo abordará una cuestión generalizada en casi todos los temarios de oposiciones de cuerpos superioresde la administración, y que puede ser avalada o truncada, con consecuencias importantísimas para los actuales opositores.

Nada menos que la legalidad de la discrecionalidad del Tribunal calificador atribuida por las convocatorias para hacer preguntas sobre el Programa o Temario, concretamente si está vinculado a sus literales epígrafes o si puede plantear cuestiones relacionadas con los mismos. Se ve que algo que nos resultaba pacífico ahora no lo es tanto, y el Supremo hará oír su voz.

Veamos los términos del reto que afrontará el supremo:

Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si, en los procesos selectivos de acceso al empleo público, resulta compatible con los límites de la discrecionalidad técnica del órgano de selección y el principio de seguridad jurídica, el establecimiento de pruebas que tuvieran por objeto el desarrollo escrito de temas de carácter general que estuvieran relacionados, aunque no fueran coincidentes, con los enunciados concretos del programa de la convocatoria.

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