A raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que según La Información, ha venido a revolucionar el enfoque restrictivo sobre el régimen de incompatibilidades que venían aplicando las Administraciones Públicas. el artículo realiza un análisis de las nuevas demandas que, desde asociaciones profesionales de cuerpos superiores así como desde sindicatos, se realizan al gobierno para que se flexibilice el régimen de incompatibilidades de los funcionarios.
De acuerdo con este medio "la sentencia del Supremo [...] subraya que para declarar la incompatibilidad de un empleado público para ejercer en el sector privado ésta deberá declararse de manera explícita en la nómina del funcionario en cuestión. De otro modo, no basta con que el empleado público tenga un complemento específico, como tienen la práctica totalidad, sino que debe tener un marcador dentro de ese complemento vinculado a la incompatibilidad de su puesto con el ejercicio de una actividad en el sector privado. Un argumento que abre un resquicio muy interesante para las organizaciones que representan a los funcionarios: ¿será el primer paso hacia la configuración de un nuevo complemento salarial por incompatibilidad?"
"No puede ser que los funcionarios tengamos un régimen de incompatibilidades más estricto del que tienen los políticos", señala una fuente de una asociación de cuerpos superiores.