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Andalucía no es la única comunidad autónoma que ha buscado fórmulas alternativas para sortear las 37,5 horas impuestas por el Gobierno a los funcionarios. Catalunya no computa 30 minutos "como falta de puntualidad"; Extremadura incluye media hora de la jornada para entrar y salir; y la agencia estatal AENA permite ahorrarse 30 minutos de trabajo a quienes entren antes de lo previsto.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha ratificado este martes con forma de decreto el acuerdo que firmó la semana pasada con los sindicatos para adaptar la jornada laboral de los 250.000 funcionarios andaluces a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). La Consejería de Hacienda ha incluido un plan de seguimiento y control de los horarios para "velar por el cumplimiento de la jornada de 37,5 horas semanales" impuesta por los jueces, solventando así las dudas jurídicas y políticas que obligaron a la Junta a bloquear su propio decreto hace una semana. Esas dudas recaen, sobre todo, en las 2,5 horas semanales que la Junta computará como jornada no presencial, dedicada a la preparación de tareas, consulta bibliográfica o formación del personal funcionario.

Hacienda ha diseñado un catálogo de las tareas domésticas que podrán computarse como jornada no presencial, y que estará listo tras las vacaciones navideñas, a partir del 8 de enero. Los funcionarios andaluces tendrán que acreditar a qué dedican ese tiempo, pero la Junta controlará el cómputo de horas de trabajo a final de año, no mes a mes o semana a semana. "Las horas dedicadas a la investigación, por ejemplo, no se pueden computar día a día", dice la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Con todo, la Junta insiste en que la mayoría de funcionarios públicos de la Junta —profesores y sanitarios— no están sometidos a un control horario. En la Administración general, algunos empleados fichan al entrar y al salir, pero no todos, porque no en todos los edificios institucionales hay reloj de entrada.

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