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Andalucía no es la única comunidad autónoma que ha buscado fórmulas alternativas para sortear las 37,5 horas impuestas por el Gobierno a los funcionarios. Catalunya no computa 30 minutos "como falta de puntualidad"; Extremadura incluye media hora de la jornada para entrar y salir; y la agencia estatal AENA permite ahorrarse 30 minutos de trabajo a quienes entren antes de lo previsto.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha ratificado este martes con forma de decreto el acuerdo que firmó la semana pasada con los sindicatos para adaptar la jornada laboral de los 250.000 funcionarios andaluces a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). La Consejería de Hacienda ha incluido un plan de seguimiento y control de los horarios para "velar por el cumplimiento de la jornada de 37,5 horas semanales" impuesta por los jueces, solventando así las dudas jurídicas y políticas que obligaron a la Junta a bloquear su propio decreto hace una semana. Esas dudas recaen, sobre todo, en las 2,5 horas semanales que la Junta computará como jornada no presencial, dedicada a la preparación de tareas, consulta bibliográfica o formación del personal funcionario.

Hacienda ha diseñado un catálogo de las tareas domésticas que podrán computarse como jornada no presencial, y que estará listo tras las vacaciones navideñas, a partir del 8 de enero. Los funcionarios andaluces tendrán que acreditar a qué dedican ese tiempo, pero la Junta controlará el cómputo de horas de trabajo a final de año, no mes a mes o semana a semana. "Las horas dedicadas a la investigación, por ejemplo, no se pueden computar día a día", dice la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Con todo, la Junta insiste en que la mayoría de funcionarios públicos de la Junta —profesores y sanitarios— no están sometidos a un control horario. En la Administración general, algunos empleados fichan al entrar y al salir, pero no todos, porque no en todos los edificios institucionales hay reloj de entrada.

Lee el artículo completo de publico.es pinchando aquí.

 

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y las aseguradoras Asisa, SegurCaixa Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria han firmado este jueves, en presencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la renovación del concierto de asistencia sanitaria por 2.200 millones de euros, un 5,62 por ciento más que el anterior acuerdo.

El concierto comprende dos contratos: uno para la asistencia sanitaria en España, que asciende a más de 2.161 millones; y otro, por un importe de unos 30 millones de euros, que asume en exclusiva DKV y cubre la asistencia a los 7.400 mutualistas destinados o que viven fuera de España y sus familias.

Con una vigencia de dos años, el concierto dará cobertura a 1.477.320 beneficiariosa los que podrán sumarse unos 100.000 nuevos mutualistas como consecuencia de los procesos de estabilización de personal interino con las administraciones públicas.

"Esto representa un nuevo capítulo de esta larga historia del modelo Muface avalado por los buenos resultados. En una sanidad como la española, el modelo es una lección de eficiencia, eficacia y modernidad porque ha permitido juntar los intereses públicos y los privados, convirtiéndose en el modelo de una sociedad moderna y avanzada.Además, está permitiendo el desarrollo de una sanidad privada que va ganando fuerza y calidad y que permite que otros ciudadanos tengan disponibles recursos sanitarios", ha comentado el consejero y director general de SegurCaixa Adeslas, Javier Murillo.

Del mismo modo se ha pronunciado Montoro, quien ha asegurado que el concierto es una prueba de cómo es posible la colaboración público-privada en España, agradeciendo la labor y "paciencia" de las aseguradoras sanitarias porque en los "peores momentos presupuestarios" trabajaron para que el sistema sanitario no se pusiera en riesgo.

Artículo publicado en elmundo.es. Sigue leyendo el artículo original aquí.

Finanzas.com nos recuerda que la llegada de 2018 ha traido consigo la prórroga automática de los Presupuestos de 2017 como marca el artículo 134 de la Constitución en el caso de que no se hayan aprobado unas nuevas cuentas públicas.  Un escenario que empieza a ser una tradición, ya que también se produjo el año pasado. Si entonces el motivo fue la dificultad para formar Gobierno en España, ahora se debe a la crisis de Cataluña y la imposibilidad del Ejecutivo de Rajoy de contar aliados parlamentarios, principalmente el PNV, hasta que se normalice la situación política en la región.

Por tanto, hasta que lleguen unos nuevos Presupuestos -algo que en todo caso tardará aún meses- se mantienen las cuentas anteriores, lo que tiene varios efectos colaterales. Entre ellos, frenar las rebajas fiscales pactadas entre el Gobierno y Ciudadanos o impedir la revalorización de los funcionarios. Es decir, medidas con un impacto que no se pondrán en marcha y, por tanto, facilitarán el cumplimiento del déficit.

Ingresos y gastos

La principal consecuencia de la prórroga presupuestaria es que se mantienen los mismos ingresos y gastos del ejercicio anterior. De esta forma, todos los Ministerios u organismos públicos reciben idéntica cuantía aunque la previsión del Gobierno sea aumentar los ingresos. En realidad, en algunos casos la prórroga significa menos dinero, ya que deben descontarse aquellas partidas correspondientes a gastos que finalizaron en 2017. Por ejemplo, el importe destinado a la construcción de una carretera que se finalizó el pasado ejercicio no se mantiene

Los funcionarios podrán cambiar de aseguradora dos veces al año (enero y junio) con el nuevo concierto. Hasta ahora solo elegían a principio de año.

Muface, mutualidad de funcionarios, aumenta la competencia entre SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV en el concierto que firman hoy y que cubrirá el seguro de salud de los empleados públicos durante 2018 y 2019.

A partir de ahora, estos funcionarios podrán cambiar de compañía de seguros dos veces al año -en enero y en junio- y no una -en enero- como ocurría hasta este momento.

Esta novedad "amplía las posibilidades de elección de los mutualistas y favorece la competencia entre las entidades para mejorar el servicio", apuntan desde Muface.

Adeslas, filial de Mutua Madrileña; DKV, filial de Munich Re; Asisa y el Igualtorio Médico de Cantabria recibirán en total una prima de 2.191 millones de euros por esta cobertura. Esta cifra es un 5,62% superior a la del concierto que termina el 31 de diciembre de 2017.

Este aumento responde a la reivindicación histórica de las aseguradoras que consideran insuficiente la prima que paga Muface hasta ahora en este concierto.

Desde la Mutualidad de los Funcionarios añaden que en 2018-2019 se rejuvenecerá el censo de asegurados, lo que supondrá una rebaja de sus costes. Está prevista la incorporación de unos 100.000 nuevos mutualistas por la puesta en marcha de la oferta de empleo público.

Sigue leyendo el artículo original en expansion.com pinchando aquí.

Hasta el 19 de enero de 2018, permanecerá activa la convocatoria para los Administradores Civiles del Estado que quieran ser tutores de prácticas de los alumnos del curso selectivo del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, cuya superación conduce a la obtención del Máster en Administración Civil del Estado,

Las tareas que asumirá el/la responsable de las prácticas son las siguientes:

- Proponer al tutor de las prácticas horizontales y/o de las sectoriales en caso de que delegue esta función.

- Coordinar y supervisar la labor de los tutores.

- Facilitar la integración de la persona en prácticas en el trabajo de las unidades en las que realice los dos periodos de prácticas, permitiendo su asistencia y eventual participación en reuniones y grupos de trabajo. La persona en prácticas deberá adquirir una visión global sobre las competencias de cada unidad, la organización del trabajo, los documentos administrativos que se generan, y los actores externos con los que se relaciona.

- Asignar al alumno un cometido específico. Bajo la correspondiente supervisión, la persona en prácticas deberá asumir cierta responsabilidad en el desarrollo de un proyecto específico dentro del trabajo de la unidad administrativa. Las tareas encomendadas habrán de permitir valorar su capacidad de expresión (oral y escrita), capacidad de análisis, trabajo en equipo, ejecución de los proyectos asignados y capacidad para la toma de decisiones en su ámbito de responsabilidad.

- Salvo que, de manera excepcional y debidamente justificada, delegue en el tutor de las prácticas sectoriales, el responsable de las prácticas tutorizará también el Trabajo de Fin de Máster (TFM). El tema del trabajo se acordará con la persona en prácticas al inicio de las mismas, conforme a las pautas que se proporcionarán desde el INAP. Los TFM deben presentarse al INAP a principios de septiembre y se defenderán públicamente la primera semana de octubre.

- Antes del 21 de septiembre de 2018 el responsable de las prácticas deberá remitir a la Subdirección de Aprendizaje un informe sobre el desarrollo de las prácticas y sobre el TFM, conforme al modelo que será proporcionado desde el INAP.

Los requisitos para ser responsable de prácticas son los siguientes:

- Ocupar un puesto de nivel 29 o 30.

- Contar con una experiencia de al menos un año en la unidad en que se desarrollen las prácticas o en puestos similares.

- Tener disponibilidad y disposición para coordinar las prácticas y orientar el TFM.

- Si bien no es un requisito indispensable, se valorará positivamente que los responsables y tutores sean miembros del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 

- Mantener contacto regular con la persona en prácticas, suministrarle la información que precise para realizar el trabajo que se le haya encomendado, o permitirle el acceso a la misma, acompañarlo en las reuniones, proporcionarle pautas y orientaciones generales y resolver sus dudas.

Quienes ejerzan como responsables y/o tutores de las prácticas percibirán las siguientes remuneraciones, que podrán ser acumuladas cuando las diferentes funciones sean asumidas por una misma persona: 

- Responsable de las prácticas: 200 €

- Tutor/a del TFM: 250 € - Tutor/a de las prácticas horizontales: 250 €

- Tutor/a de las prácticas sectoriales: 250 € 5.

Quienes deseen actuar como responsables de las prácticas deben manifestar su disposición al INAP antes del 19 de enero de 2018

Más información sobre procedimiento, requisitos y plazos en la propia convocatoria: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508129 

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